El País, 28-6-2005
José Luis Barbería
REPORTAJE: LA CRISIS DEL AGUA / 2
El consumo de agua representa sólo el 1% del gasto familiar de los españoles, que gastan cinco veces menos en agua que en teléfonos móviles.
Sobre la mesa del Gobierno hay un estudio que establece los márgenes de rentabilidad de los cultivos y calcula el impacto en cada caso de una eventual subida de los precios del agua. El objetivo es poner coto a la expansión ilimitada de la agricultura, que paga el agua al 10% de su coste real y es la segunda más subvencionada de Europa. Será necesario el consenso político.
El ideal del centenario modelo español: "Agua libre, gratis, para todos", se revela hoy no sólo como una pretensión vana e irreal, sino también como un objetivo contraproducente, en la medida en que fomenta el uso irresponsable del agua, amenaza las capacidades y reservas y compromete el futuro mismo del sistema hidrológico y medio ambiental. Tal y como plantea la directiva comunitaria 2000/60, adoptada por España a finales de 2003, los españoles tendrán que acostumbrarse a pagar el agua a su coste real y a atenerse a los recursos disponibles, sin confiar ya en que los grandes trasvases resuelven necesariamente el problema.
"Alardear de mantener el agua a bajo precio es como conducir mirando al retrovisor, porque se gasta más allí donde es más barata", apunta Luis Martínez Camps, responsable de relaciones institucionales de Aguas de Barcelona AGBAR, la principal empresa privada española en el suministro de agua urbana. La facturación del agua urbana supuso el pasado año unos 3.000 millones de euros, mientras que la factura de los teléfonos móviles, por ejemplo, ascendió a 15.000 millones. Al contrario de lo que ocurre ahora -el agua sólo supone el 1% de los gastos familiares-, todo invita a pensar que en un futuro no lejano los españoles responderán con mayor presteza a la pregunta: "¿Sabe usted cuánto paga de agua?".
Mientras el campo se agita, los ciudadanos recurren masivamente al agua embotellada porque la red pública no ofrece siempre garantías de calidad. Las garrafas de agua forman parte de la cesta de la compra en Barcelona y en otras ciudades como Valencia donde algunos médicos aconsejan a las embarazadas que no beban agua del grifo. Y en el Sur y el Levante, pero también a lo largo y ancho de la geografía, mucha gente desconfía de la calidad y hasta de la potabilidad del agua que les suministran las redes públicas. Sólo el pasado año, los españoles gastaron en agua mineral 1.750 millones de euros, prácticamente la misma suma (1.800 millones) que el Gobierno central destinó al mantenimiento y creación de nuevas infraestructuras hidráulicas: embalses, pantanos, conducciones. "Con el dinero que nos gastamos en agua embotellada, podríamos ofrecer a todos los ciudadanos un agua de boca (para beber y cocinar) tratada con la mejor tecnología de ósmosis y de una calidad tal que me río yo del agua mineral embotellada", indica Domingo Jiménez Beltrán, director del Observatorio de la Sostenibilidad y ex director de la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Nueva calificación de potabilidad
Ciertamente, como subraya Luis Martínez Camps, la cobertura sanitaria del agua del grifo en nuestro país es segura al 100%. "El agua es el producto más vigilado del mundo. En Barcelona, hacemos más de mil controles diarios en la red y le aseguro", indica, "que se puede beber entre dos y cuatro litros diarios durante 70 años sin que pase absolutamente nada". De hecho, según el mismo responsable de AGBAR, la mitad de los barceloneses bebe agua del grifo y el 80% la utiliza para cocinar. En su opinión, el elevado consumo de agua embotellada responde a lo que los técnicos llaman la percepción organoléptica del agua, determinada por el color, el sabor, el olor y la temperatura, pero también a la asociación con un cierto estatus social. Sea como fuere, los barceloneses valoran menos el agua que procede del río Llobregat que la que proviene del Ter y cabe pensar que no se equivocan en esta apreciación ya que la del Llobregat, más contaminada en origen por las antiguas explotaciones mineras de la cuenca, requiere para su uso potable mayores tratamientos de depuración.
Pero, establecida la garantía sanitaria, lo que cuenta es la calidad del agua que consumimos. Otra de las directivas comunitarias, la 140/2003, adoptada por España el 1 de enero del pasado año, endurece notablemente los requisitos necesarios para obtener la calificación de potabilidad. Y como esa exigencia será total y de obligado cumplimiento en enero de 2009, España tendrá que realizar un gran esfuerzo inversor en el tratamiento y optimización de la calidad del agua de boca, que supone únicamente el 2% o 3% de la que consumimos en las ciudades.
Dos o tres euros por mil litros
La "directiva 2000/60" supone toda una revolución porque emplaza al Gobierno a cobrar a sus ciudadanos no sólo el coste del agua, que no es otra cosa que el coste de la conducción del agua al lugar en que se demanda, sino también el coste ambiental, algo mucho más difícil de calibrar, en efecto, pero no por ello menos real, e incluso el "coste de oportunidad", el precio que obtendría en el mercado del agua. "Calculo que con estos criterios el precio real del agua urbana en España estará entre los dos y los tres euros por metro cúbico (1.000 litros), afirma el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano. Según esa referencia, las comunidades urbanas estarían pagando el agua en España a menos de la mitad de su coste, puesto que aunque las diferencias varían notablemente -desde 1,97 euros por metro cúbico de Baleares a 0,71 de Navarra y La Rioja-, el precio medio del agua para uso urbano en España se situó en 2003 en 1,10 euros por metro cúbico. Es una cifra superior a la de ciudades italianas como Turín (0,59 euros), pero menor a la de la mayoría de las capitales europeas: Estocolmo (1,42), Ginebra (1,68), Bruselas (1,85) y, desde luego, muy inferior a la de ciudades alemanas como Zúrich (3,78) y Hamburgo (4,20).
También los precios del agua para regadíos son substancialmente diferentes en uno u otro punto de la geografía española -desde los 35 céntimos por metro cúbico del agua desalada en Murcia, hasta los 20 céntimos del agua subterránea y en uno o dos céntimos de las aguas superficiales-, aunque no faltan casos en los que el agua es gratis total porque no se abonan los recibos. Según el Libro blanco del agua, publicado por el anterior Gobierno, en España se paga el 10% del precio real del agua de uso agrícola. A nadie se le escapa que el propósito de cobrar el agua a su coste choca frontalmente con una cultura ancestral que considera que éste es un recurso libre y sin precio que el Estado está obligado a suministrar. Esa mentalidad imperante cree que la escasez se resuelve con nuevos trasvases y juzga un despilfarro todo lo que sea verter agua al mar.
Ninguno de los responsables gubernamentales consultados en este reportaje discute, por lo demás, que el cobro efectivo del agua a su coste supondría el descalabro para muchos agricultores que disponen de unos márgenes de rentabilidad muy reducidos. La directiva europea permite las excepciones justificadas y da un plazo para la recuperación total de costes que alcanza hasta el año 2010, lo que posibilita un incremento escalonado de los precios, pero, con las salvedades que se quieran, el cobro efectivo del agua de uso agrícola resulta a medio plazo ineludible. Primero, porque la nueva política del agua que impulsa la Unión Europea tiene, obviamente, como objetivo reducir la demanda. Y segundo, porque la agricultura consume en nuestro país el 80% de los recursos hídricos, mientras que la industria y los hogares se reparten el 20% restante a partes iguales. Eso convierte a la agricultura en el objetivo prioritario de cualquier plan de control y ahorro. "Hay que actuar e introducir un elemento de racionalidad, ya que la demanda de un bien que no tiene precio es ilimitada", repiten altos responsables del Ministerio de Medio Ambiente.
Activar el regadío por teléfono
Poner coto a la expansión del regadío -en los últimos 10 años se han creado 350.000 nuevas hectáreas-, resulta, por lo visto, la condición indispensable para aplicar una política "sostenible" del agua en España. El otro problema es la contaminación de los suelos por el abuso de fertilizantes y abonos. "El efecto contaminante de los fertilizantes se manifiesta a los 15 años cuando se depositan en la capa freática y por eso nos estamos encontrando ahora con muchos suelos y aguas contaminadas", dice Antonio Serrano, secretario general para el Territorio y la Biodiversidad. "Esas aguas se pueden tratar, en efecto, para reutilizarlas en el uso doméstico, pero requieren procedimientos sumamente caros porque no basta con los filtros y los aportes de cloro".
La idea de que el agua se despilfarra profusamente en la agricultura, sobre todo en las cuencas altas de los ríos, está muy presente entre los estudiosos y responsables medioambientales aunque quien más quien menos huye de las declaraciones altisonantes para evitar recalentar una atmósfera sometida ya a muy altas presiones. "Ésa es una apreciación que en el ministerio de Agricultura percibimos como lejana, distante de la realidad", apunta Fernando Moraleda, sin dejar de admitir que el riego a manta, por inundación de las tierras, constituye todavía la práctica habitual de la mitad de los agricultores.
A su juicio, la idea de que las poblaciones urbanas padecen restricciones por culpa de los excesos en la agricultura adolece de simplismo. "Esa visión parte de la idea, equivocada, de que existe una única fuente de la que mana el agua que se distribuye por toda España, cuando la realidad es que hay miles de fuentes y que todo es mucho más complejo". Partidario de una interpretación flexible de la directiva europea, el secretario general de Agricultura prefiere hablar de la necesidad de modernizar los regadíos y de sellar las conducciones y acequias deterioradas por donde se pierde el 25% del agua.
"Nuestro objetivo", destaca, "es modernizar un millón de hectáreas instaurando el goteo y toda la última tecnología informatizada. Con un teléfono móvil y desde cualquier lugar del mundo, hoy podemos poner en marcha el regadío e introducir los abonos por la misma conducción del agua e incluso detectar al instante las pérdidas. En España disponemos de la mejor tecnología del mundo en materia de riegos y tenemos que aprovecharla", indica. Se calcula que la modernización de un millón de hectáreas de regadíos puede suponer el ahorro de 1.600 hectómetros cúbicos, casi el triple del consumo anual de toda la comunidad de Madrid.
El diferente peso del factor agua
No es exactamente un secreto que las relaciones entre los ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente están sujetas a lo que podría llamarse la "tensión creativa", resultante de las diferencias entre perspectivas que ponen el acento, bien en la producción o bien en la sostenibilidad. "En ocasiones, manejamos ópticas distintas pero nuestras relaciones son muy provechosas, hasta el punto de que todas las decisiones las tomamos por consenso", indica el secretario general de Agricultura. Junto al proyecto de crear un banco público del agua que complemente al mercado actual de aguas subterráneas, ambos ministerios analizan en la actualidad un estudio sobre la estructura del coste de cada cultivo por cuencas que establece los márgenes de rentabilidad existentes y estima la incidencia de una eventual primera subida del precio del agua.
El aumento general del precio del agua, asunto al que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Carbona, evita poner fecha, repercutiría de manera muy diferente en el campo español. Mientras que la agricultura de interior dispone de agua pero difícilmente podría pagarla a su coste real, la del arco mediterráneo, altamente rentable y productiva, no debería tener dificultades para absorber los nuevos precios. Ésa es al menos la opinión del director de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, Acuamed, Adrián Baltanás. "El factor agua supone menos del 5% del coste de la producción agrícola en Almería y entre el 5% y el 10% en Murcia. Hay que tener en cuenta", añade, "que el invernadero, el modelo más rentable, exige una inversión por hectárea de varios cientos de miles de euros y que el precio de las semillas es cada vez mayor porque también son cada vez más sofisticadas". Es cierto, que en muchos casos, la agricultura no es ya un medio de vida, sino una industria, un sector económico -Mario Conde y la duquesa de Alba figuran entre los agricultores españoles más subvencionados-, en el que se invierten y se ganan grandes sumas de dinero.
La lógica económica impulsa a conducir el agua a los terrenos de máxima rentabilidad, pero ya no es posible ignorar los costes materiales de esas obras, ni las repercusiones sociales de llevar esa lógica a su extremo. ¿Hay que sacrificar a la agricultura de las cuencas altas? ¿Permitir que continúe el despoblamiento de provincias que, como dice gráficamente Fernando Moraleda, "caben en un estadio de fútbol"? No pocos expertos vaticinan que la globalización acabará con la agricultura de secano en cuanto la UE y EE UU levanten sus últimas barreras proteccionistas y que la única agricultura española con futuro capaz de competir con la marroquí o la chilena, es la que ya se desarrolla en determinadas áreas del arco mediterráneo, una agricultura industrial muy tecnificada capaz de producir, casi sin tierra, cualquier cosa en cualquier temporada.
Arroz subvencionado en el desierto
En estos momentos en los que la UE reconsidera su Política Agraria Común (PAC), una pregunta clave es si hay que seguir subvencionando -con 6.000 millones de euros anuales, la agricultura española es la más subvencionada de la Unión, detrás de la francesa- cultivos extensivos como la remolacha, los cereales, el maíz o el algodón que consumen mucha agua, salinizan los suelos y dan un rendimiento económico escaso. ¿Tiene sentido seguir subvencionando el cultivo de arroz en el desierto de Los Monegros? Para casi nadie es un secreto que hay agricultores que plantan exclusivamente por las subvenciones y que en ocasiones ni siquiera se molestan en recoger la cosecha.
Fernando Moraleda contraataca preguntando si hay que dejar que las leyes del mercado sigan despoblando el campo español. "¿Qué le cuesta más al Estado: resolver los problemas derivados de los cinturones de pobreza que se crean en torno a las ciudades o asentar los núcleos de poblaciones rurales? ¿Y qué papel juega el precio del agua en todo esto? ". El turismo rural y la artesanía son algunas de las actividades alternativas que los expertos europeos recomiendan para las poblaciones rurales que trabajan una agricultura de subsistencia pero, obviamente, la reconversión de los agricultores no es siempre posible. Sin caer en el paternalismo cursi de quienes ven a los agricultores como "los jardineros del paisaje" que hay que proteger a toda costa, parece claro que España necesita un modelo de ordenación y desarrollo territorial más equilibrado y sostenible que ponga fin al éxodo rural y a la masificación costera y urbana.
Obviamente, la cuestión, el reto, es asegurar la sostenibilidad del sistema, conciliar territorialmente las demandas de un recurso escaso y codiciado, aplicar una política respetuosa con las directivas europeas que asegure el ahorro y el reparto inteligente y equitativo. "Y por qué un agricultor aragonés va a renunciar a plantar melocotoneros para que los plante uno de Murcia?", pregunta, a su vez, Eugenio Nadal, ex presidente de la Confederación del Ebro y consultor de la Diputación de Aragón. "¿En nombre de qué debe renunciar a esa actividad? Ningún trasvase puede justificarse ya en los regadíos. La única solidaridad exigible en el terreno del agua es la que afecta al consumo humano", sostiene.
"Hay que plantearse la utilidad y el coste de los pantanos porque tampoco se le puede exigir a un ciudadano de Soria que financie con sus impuestos obras que benefician exclusivamente a otros", señala el presidente del Colegio de Geólogos, Luis Eugenio Suárez. "¿Se puede invocar a la solidaridad con Marbella o Benidorm para pedir a los pueblos humildes de comarcas de montaña que acepten ser inundados y desaparecer?", pregunta, a su vez, Pedro Arrojo. Se diría que en el terreno del agua, la España pobre se rebela contra la España desarrollada, pero, como subraya el profesor Arrojo, "la nueva cultura del agua que necesitamos no es de izquierdas ni de derechas, ni tiene por qué enfrentar a unos territorios con otros. De lo que se trata", indica, "es de responder al reto de la sostenibilidad".
Para ser encauzada, esta cruda polémica que atraviesa a España de norte a sur y de este a oeste necesita un consenso político, un pacto de Estado por el agua. "Si no se produce un gran consenso nacional sobre el agua, esto acabará siendo un desastre", predice el director general del Agua, Jaime Palop.
