Agua

Andrés García Reche *

El País, 16-06-2005

Después de dedicar bastantes años de mi vida a la Economía, creánme si les digo que no he visto jamás ciencia tan inútil como ésta. No sólo porque, a la vista está, se muestra frecuentemente incapacitada para hacer predicciones que se cumplan; no sólo porque los economistas teóricos de profesión se muestran cada vez más obsesionados por la belleza formal de los modelos que por la explicación de los hechos (que es para lo que aquella fue inventada); no sólo porque muy frecuentemente parece que la economía real funciona de manera autónoma al margen de lo que opinen o hagan quienes se supone que son los entendidos en la materia, sino porque, lo que es aún más grave, éstos se abstienen frecuentemente de dar su opinión sobre determinadas materias muy sensibles para el ciudadano por temor a que se les tache de ideólogos al servicio de unos u otros intereses políticos. Y yo me pregunto ¿para qué sirve una ciencia si no es para solucionar problemas, o, cuando menos, para ayudar a comprenderlos?

Vean, si no, el polémico asunto del agua. ¿No tienen la impresión de que todo el mundo opina de ello salvo los economistas? ¿Cómo es posible que un problema de tamaña trascendencia acabe siendo relegado al exclusivo terreno de la ingeniería, bajo la forma de trasvases, desaladoras u otros artificios mecánicos?

Pues bien, haciendo gala de un optimismo antropológico digno de mejor causa, y puesto que no siento obligación alguna de expresar opiniones políticamente correctas, les diré que en este asunto, como en muchos otros, existe una explicación razonable desde el punto de vista económico. Y no sólo eso, también existe una solución económica. Otra cuestión muy diferente es si dicha solución puede considerarse políticamente asumible o no; lo cual, por otra parte, en modo alguno elimina la necesidad de plantearla.

Para empezar parece claro que nadie con un mínimo de sentido común puede afirmar a estas alturas que el agua no es, como tantos otros bienes que consideramos necesarios, un bien económico (es decir escaso y además sujeto a costes de producción y distribución como cualquier otro bien). Entonces ¿cómo es que todo el mundo habla de déficit del líquido elemento? Cuando vamos al mercado a comprar ropa, zapatos, gasolina o alimentos nunca notamos un déficit de nada, sencillamente encontramos un precio en los escaparates y en las estanterías y, de acuerdo con ello, decidimos si compramos o no. Hay una explicación económica para ello: el precio de mercado tiende a equilibrar ambas partes del mercado haciendo desaparecer el exceso de demanda sobre la oferta disponible. Naturalmente que uno desearía más zapatos de los que tiene, o acceder a cierto tipo de alimentos más apetecibles que otros, pero su coste de adquisición (dada su renta disponible) les persuade de manera incontestable. Y lógicamente a nadie se le ocurre manifestarse por ello exigiendo "zapatos para todos" o maldiciendo a quienes suministran el pescado a precio distinto de 0. No lo hacen porque es de sentido común que las cosas que cuestan de producir, o que son escasas, deben tener un precio.

El hecho es que los excesos de demanda (el llamado impropiamente déficit) sobre la oferta disponible sólo ocurren cuando el precio está por debajo del que los economistas consideran que es el de equilibrio (justamente aquél que evita que se produzca exceso de demanda o de oferta), y esto sólo puede ocurrir cuando el precio no lo fija el mercado, sino alguna instancia ajena al mismo (el Estado generalmente) basándose en consideraciones de índole política o social. Entonces sí, entonces la demanda es mucho mayor que la oferta y es cuando puede hablarse con propiedad de escasez del bien en cuestión. Esto es precisamente lo que pasa con el agua (y pasaría con los pisos, la carne, el café o los coches si su precio fuera demasiado bajo).

Todo parece, tener, pues, una explicación sencilla. El problema es que existe un segundo frente argumental muy extendido, basado en la consideración de que, si bien esta ley del mercado puede considerarse en general razonable, no debería aplicarse en el caso del agua puesto que en este caso se trata de un bien necesario. Nadie discute desde luego que así sea, pero en cierto modo también lo es el pan, el pollo o los huevos, y a nadie se le ocurriría decir, por ejemplo, en el caso de que el Estado fijara un precio máximo para la docena de huevos por debajo del de mercado, que la Comunidad Valenciana tiene un enorme déficit de huevos (con perdón); aunque, efectivamente, lo tuviera.

Lo que la Economía explica, y el sentido común corrobora, es que la gente tiene una renta limitada y de acuerdo con ello, y a la vista del panel de precios, elige cuál es la composición de su cesta de la compra. Si un bien es muy necesario (su oferta es muy rígida al precio) y tiene además pocas alternativas de sustitución (como ocurre con el agua), entonces se verá obligada a restringir la demanda de otros bienes más prescindibles, gastando una mayor parte de su renta en aquél, o, alternativamente, reducir su consumo (ahorrar), si se trata de hogares, o, en fin, utilizar tecnologías menos intensivas en dicho bien, en el caso de que se trate de una actividad productiva.

Conclusión: el agua debe tener un precio que incluya el factor escasez, el fondo de garantía del abastecimiento futuro y el coste real de su producción y distribución. Si se consigue aumentar su oferta porque llueve más o porque alguien aporta nuevos caudales sin efectos negativos irreversibles para el medio ambiente, tanto mejor para todos, pero, mientras tanto, acostumbrémonos a que estamos ante un problema de precio y no de déficit. El que quiera llenar piscinas, regar campos de golf, urbanizar toda la costa, ducharse durante media hora o cultivar papayas, que lo haga al precio de mercado; y si le resulta caro, que se acostumbre a ahorrar, producir bienes de mayor valor, o utilizar tecnologías menos intensivas en este input. Y si después consideramos (como lo hacemos todos) que el consumo mínimo de los hogares, o de ciertas actividades agrícolas, debe de estar garantizado, llévese el asunto al terreno político y trasládese su coste a los presupuestos del Estado, haciendo visible así para todo el mundo cuál es el precio de nuestra solidaridad o de nuestra adscripción ideológica en su caso; pero, por favor, dejemos al mercado en paz, que nunca estuvo para eso.

Mientras esto no ocurra y la única perspectiva con la que se afronte el problema sea la de conseguir más agua (oferta) al coste que sea, la pregunta seguirá siendo ¿hasta cuándo? ¿cuánta agua será necesaria para saciar el déficit casi ilimitado provocado por precios tan inadecuados? Me temo que no hay respuesta para ello. Y, lo que es peor, a nadie parece importarle.

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(*) Profesor titular de Economía Aplicada de la Universitat de València