Rafael Molina Petit
La Provincia, 29-8-2005
Hemos considerado a los grandes árboles como necesarios para la construcción de casas y embarcaciones, y se les ha admirado por su belleza, como el clásico laurel de indias en la plaza del pueblo. Pero al mismo tiempo, como consumidores de agua y de terreno y competidores en el uso del agua escasa y del suelo fértil con la producción agrícola de alimentos, han sido perseguidos y eliminados con cierta saña por agricultores y ganaderos.
Por ello, el campesino, históricamente y en la actualidad, y entre sus paradigmas, ha diferenciado entre el árbol frutal que producía alimentos y el resto denominado comúnmente mato, que significaba algo inútil. En un extremo de bondad, están los frutales, en menor medida nogales y castaños, y en el otro extremo, los pinos y los eucaliptos (o nugalitus), como arquetipos del mato.
Pero las cosas y el entorno han cambiado en los últimos 20 años diametralmente, a pesar de que las mentalidades no. En Gran Canaria hemos pasado de estar hace años sedientos de agua, a tirar al mar cada día más de 40 millones de litros de aguas residuales (algo así como 2.800 camiones cubas de 14.000 litros cada una) y despilfarramos en muchos casos las aguas limpias en praderas de césped o en cultivos sin rentabilidad. También vemos cómo en muchos campos las peras, ciruelas y naranjas se caen de los árboles debido a que no compensa el coste de la recolección con lo que se paga por el fruto, y porque hay poca gente que quiere trabajar profesionalmente en el campo, ya que la vida es muy dura. Muchos hablamos, y pocos jincan el sacho.
Por otro lado, hay cientos de laderas, montañas y barrancos resequidos y yermos, lugares en los que se cortó masivamente la masa forestal existente con el fin de aprovechar la madera para los ingenios de azúcar , para calentar los hogares o para plantar alimentos en épocas pretéritas de las hambrunas y de la emigración. Es decir, nos sobra suelo yermo de particulares y aguas residuales públicas y privadas, pretendemos vivir del turismo de calidad , se está calentando el planeta, y no creo que nadie quiera volver a plantar como en los años de miseria en esos riscos no mecanizables. Por ello quizás habría que plantearse una nueva política de desarrollo forestal y rural que integrase más a los intereses del sector privado con el interés general.
Hasta ahora los árboles no frutales y el bosque significaban para el propietario de un suelo, una baja o nula rentabilidad económica en su explotación y que además, y lo que es más grave, que le desaparecieran las expectativas urbanísticas de su propiedad, porque en general los planificadores urbanísticos cuando ven algún terreno plantado de árboles lo califican como zona verde, protegida... mientras que si tienes un erial encima lleno de escombros y neveras , es decir, convenientemente tratado, te lo pueden calificar de urbanizable. Es decir, los estímulos para que alguien plante árboles con visión económica en un suelo privado han sido fuertemente negativos, especialmente si se compara con otros usos alternativos. Quizás una solución fuese, por una parte, subvencionar a los particulares por mantener masas forestales en sus propiedades, subvención que se puede justificar perfectamente por las economías externas positivas que tiene esa actividad para el resto de
los ciudadanos, en términos de mejora del paisaje y sus efectos sobre el turismo, atracción de lluvia, digestión de CO2... y dentro de las líneas de mantenimiento del paisaje y la actividad rural que en estos momentos abandera la Unión Europea.
Creo que si en Canarias decidiéramos apoyar un programa para reforestar, por ejemplo, 10.000 Ha de montes y terrenos privados, es decir, tanta superficie como ocupa el plátano en todas las islas, con una subvención media anual durante un periodo de 10 años de unos 1.000-1.500 euros por Ha/año , el programa sería un éxito y habría muchos particulares interesados en dedicar suelos a estas actividades.
Por supuesto, se podría graduar la subvención en función del tipo de árbol, (laurisilva, palmera, pino, castaño...) y del tipo de protección del suelo, dándole mayor subvención a las especies que se quieren apoyar más, y a los suelos más protegidos, con un tope por propietario, por ejemplo, de 20 Ha por propietario, para que fuera una medida real de desarrollo rural. Ello supondría destinar fondos públicos por hasta 10-15 M de
euros al año, (1.600-2.500 millones de pts/año) si el programa tuviese un éxito total, cifra muy alta, que no lo es tanto, si la ponemos en relación por ejemplo a la ayuda al sector plátano, que supone entre 130 y 150 M de euros al año para la misma superficie. Este programa podría ser cofinanciado de varias formas. Incluirlo
parcialmente en las peticiones periódicas de fondos que aporta la Unión Europea de apoyo al sector agrícola y forestal de Canarias y que en este momento se están realizando, financiarlo parcialmente con cargo a las multas por infracciones medioambientales, y por último, con un recargo de un céntimo de euro por litro de combustible,
esto como última salida, y sabiendo que la recaudación en Canarias por el impuesto de carburantes supone que por cada céntimo de euro en el tipo del impuesto se recaudan 10 M de euros más. Estas dos últimas alternativas se inscriben bajo la idea comúnmente aceptada de que el que contamina paga.
La siguiente medida complementaria sería darle una baja edificabilidad a estos terrenos dentro de 15 años si mantienen el bosque y ligada al bosque, y cuando la masa forestal creada esconda las edficaciones, de por ejemplo unos 50-100 m2 de edificabilidad por Ha de bosque (10.000 m2). Esta edificabilidad debería ser adaptada en forma de cabañas de madera o similar, y con usos básicamente terciarios. Con estas dos medidas, el propietario del terreno y su entorno rural se podrían convertir en los mayores defensores del bosque. Es decir, le quitamos la discriminación existente.
Por supuesto, los Cabildos seguirían forestando terrenos públicos, incluso a mayor ritmo, y comprando fincas estratégicas para forestar fuera de este programa. Habría además un campo interesante de creación de empleo y actividad, para que fundaciones como Foresta y empresas privadas realizaran los trabajos de campo. Sería muy extensa la enumeración de las ventajas de un programa de este tipo en Canarias en formas de economías externas para la sociedad. Posible creación en el futuro de una industria de aprovechamiento del sector forestal, posibles ingresos extra por la venta de derechos de CO2, aumento de las lluvias horizontales al ordeñarse la nubes del alisio, que según los últimos estudios en Hawai son mucho más importantes de lo que se estimaba, creación de actividades de ocio complementarias?.
Y sobre todo, algo que es muy importante, la consolidación de unas actividades económicas en el mundo rural, compatibles con el turismo como nuestro pilar económico básico, que no crean problemas de competencia insolidaria con los países en vías de desarrollo, y donde el mundo rural integre al bosque como algo suyo, rompiéndose el obsoleto paradigma y las contradicciones actuales.
