Incendios forestales: apuntes para una prevención eficaz

Ecologistas en acción de la provincia de León

Diario de León, septiembre 2005

La grave oleada de incendios forestales que está asolando nuestro país, -y toda la península ibérica- con su trágica secuela de desgracias: ruina económica, desertización del suelo, desaparición de masas arbóreas y hábitats naturales insustituibles, miles de animales calcinados vivos,... y en fin, pérdida de vidas humanas, no se trata en modo alguno de una maldición imparable que debamos aceptar de manera fatalista -son muy pocos los incendios producidos por rayos-, al contrario, es el producto de actos humanos irresponsables o delictivos, que todos podemos atajar con nuestra conducta respetuosa en el monte, colaborando en el esclarecimiento de los siniestros, y desde luego exigiendo, a las administraciones implicadas, medidas capaces de poner freno a esta catástrofe ecológica que amenaza con la desertización del territorio y que afecta a todas las comunidades autónomas. Nos enfrentamos a un problema de Estado que aún no ha encontrado en los poderes públicos y en el conjunto de la sociedad la respuesta que merece.

La realidad de este verano trágico y los datos estadísticos de los últimos años -en los que se ha superado la cifra de los 20.000 incendios anuales-, pone de manifiesto la enorme dependencia que existe entre climatología y superficie total quemada o lo que es lo mismo la desoladora evidencia de que en España sólo disminuyen los incendios cuando llueve intensamentey todo ello a pesar de las ingentes inversiones en medios técnicos que se han llevado a cabo por parte de las diferentes administraciones. De poco sirve incrementar la costosa flota aérea si falla la coordinación y si faltan puestos de trabajo estables, dedicados al cuidado y vigilancia permanente del monte y a la eventual extinción de los incendios.

Es necesario invertir la ecuación y dedicar prioritariamente los recursos económicos disponibles a la prevención real, la que evita el incendio, disuadiendo y reprimiendo con todos los medios posibles (educativos y sancionadores) a los colectivos y actividades de mayor riesgo. Los esfuerzos centrales deben dirigirse a la prevención, por el mero hecho de que es siempre mucho más barata que la recuperación de las superficies quemadas.

Es lamentable que el presupuesto dedicado a la prevención siga despilfarrándose en prácticas ineficaces e incluso perjudiciales. Así, de forma generalizada, se dedican grandes partidas presupuestarias a la apertura de nuevas pistas y cortafuegos, ignorando que estas prácticas, sino van acompañadas de restricciones al tránsito de vehículos particulares, implican un alto riesgo ya que el 55% de los incendios se origina en pistas forestales, caminos y carreteras. Otra práctica preventiva errónea y habitual es la «limpieza» de los montes que, en muchos casos, arrasa la vegetación arbustiva imprescindible para dar refugio a la fauna, retener el suelo, etc.

Crecemos de investigaciones rigurosas de la casualidad y la motivación de los incendios forestales por áreas homogéneas y estos estudios han de ser previos a cualquier planificación de estrategias preventivas sociales, económicas, culturales y técnico-selvícolas, planes preventivos que tendrán que adaptarse a la realidad de cada zona para resultar eficaces.

No hay que olvidar que el tipo de masa forestal que arde o el tipo de terrenos más afectados (en cuanto a titularidad) es claramente distinto. En efecto, los monocultivos de coníferas se queman proporcionalmente más que las áreas repobladas con especies frondosas autóctonas o que las zonas donde los bosques procuran mayores beneficios a la población.

Por otra parte son comunes, en el Estado español, y se pueden combatir de forma generaliza, dos grandes causas de incendios forestales: las quemas agrícolas y para obtención de pastos y las negligencias. En relación al primer bloque habría que realizar campañas educativas orientadas a sensibilizar a la población rural, conseguir una mayor implicación por parte de los ciudadanos y de las autoridades locales y ante todo, articular un condicionado que relacione incendios forestales con la concesión de ayudas y subvenciones agrícolas. En cuanto a las negligencias, hay que intensificar la vigilancia en las zonas de mayor presión turística y limitar drásticamente el tránsito de vehículos particulares a motor en los espacios naturales protegidos.

En resumen, creemos que una sólida estrategia preventiva debe partir del conocimiento exhaustivo de las causas y asentarse sobre tres pilares básicos: el aprovechamiento sostenible de los montes, la erradicación de los negocios del fuego y acabar con la impunidad de los incendiarios. El fracaso o el éxito dependerá en última instancia, de la dotación de recursos económicos y humanos suficientes y de la actuación coordinada de las administraciones, es decir, de la voluntad política.

Teniendo en cuenta que en España el ser humano está detrás del 92-97% de los incendios que destruyen el monte y que el grueso de ese porcentaje corresponde a incendios intencionados, está claro que la prevención real de la mayoría de estos siniestros pasa por la aplicación contundente de medidas represivas y sancionadoras.

Es prioritario terminar con la actual sensación de impunidad: actualmente sólo se detiene entorno a un 4% de los incendiarios, que suelen quedar impunes por falta de pruebas. Será preciso investigar todos y cada uno de los incendios que se produzcan, detener a los responsables y hacer recaer sobre ellos todo el peso de la ley.

También es esencial en la prevención evitar el «negocio del fuego» o lo que es lo mismo: que nadie -a partir de prácticas delictivas (cambios de usos del suelo, venta de la madera quemada, etcétera)- se lucre con los incendios. Por ejemplo se dan casos intolerables de personas denunciadas por quemas incontroladas que, sin embargo, reciben subvenciones agrarias; o empresas multiservicios que también las reciben por «crear empleo» en actividades de extinción.

En este sentido eran acuciantes y son loables las medidas preventivas tomadas por el Ministerio de Medio Ambiente: la creación de fiscalías específicas para los delitos contra la naturaleza y el medioambiente y la paralización de todo cambio de uso en la calificación del suelo hasta treinta años después de los siniestros. No estaría de más que se acompañarán de una reforma del código penal que endurezca sustancialmente las multas y penas de cárcel aplicables a los incendiarios.

Tenemos la trágica certeza de que cualquier incendio -sea cual sea su causa- puede provocar daños enormes; no obstante la estadística nos dice que los incendios intencionados son los más difíciles de extinguir y los más peligrosos porque buscan deliberadamente el máximo efecto destructivo, aprovechando las condiciones más adversas (nocturnidad, viendo, multiplicidad de focos, dificultad de acceso, etcétera).

Además, la impunidad tiene el efecto perverso de multiplicar acciones semejantes por mimetismo. Surgen áreas geográficas donde los incendios se convierten en un mal endémico, tal es el caso del Bierzo en nuestra provincia.

No se puede esperar más, la catástrofe ecológica y humana a la que estamos asistiendo, debería marcar un cambio radical, a favor de la prevención, en las políticas de lucha contra los incendios forestales y acabar con la vergonzosa impunidad de os incendios intencionados, acciones criminales que directa o indirectamente perjudican a todos los ciudadanos.