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El agua no miente

El agua no miente Alejandro González
Presidente del Instituto Canario Conciencia y Energía
icce@canariastelecom.com

Para acercarnos de una manera respetuosa al tema de la privatización de empresas públicas y más concretamente a EMMASA deberíamos de tener una visión más amplia de lo que esta pasando en el mundo y en este sector.

Tanto la ONU en su declaración del milenio, como la UNESCO, expresan claramente que el agua debe de mantenerse en el sector público por ser un bien fundamental e irremplazable para la vida del planeta y de la humanidad. Parece mentira que tengamos que defender algo tan simple como esto. Por lógica, ¿cómo un bien tan vital (al igual que el aire) para nuestra supervivencia, puede entrar en los caminos tortuosos de la obtención de beneficios?

La corriente neoliberizadora del principio de los años 90, proyecta la liberalización del sector agua. El Banco Mundial (BM), la Organización Mundial de Comercio (OMC), a través de los acuerdos de Libre Comercio comienzan a presionar a los Estados para que se “liberen de tan pesada carga” a favor del sector privado, condicionando este trasvase a la obtención de créditos. Si quieres un crédito, privatiza el agua.

Esta postura se toma cuando se dan cuenta de que el cambio climático, el deterioro de los recursos hídricos y el aumento de la población, entre otros factores, pronostican que en el año 2025, se producirá un estrés hídrico con una escasez brutal para un 40% de la población mundial, que no tendrá acceso al preciado elemento.

Todo esto sería intrascendente y poco le importaría al Capital. A él, lo único que le interesa, son los beneficios económicos. Pero... ¡¡atención!! los beneficios económicos que se estaban obteniendo en el sector alcanzaban los 400.000 millones de dólares, y la posibilidad del surgimiento de un nuevo mercado como el del agua, supondría muchísimo más. Es la escasez del agua, la que constituye un estímulo adicional para que se posicionen y se creen consorcios que aspiran a hacer negocios con el agua, presentándose como la solución a una crisis mundial del vital recurso.

Si a lo anteriormente expuesto, añadimos la necesidad de inversión y de colocación de capitales, estamos aumentando el estimulo a estos consorcios, que ven la posibilidad de obtener mayores beneficios y que estos puedan ser reflejados en la cuenta de dividendos de sus accionistas. No sólo está el agua, también están las obras para la ampliación de las infraestructuras, sistemas de cañerías, etc, que traen consigo también más sustanciosos beneficios.

En la actualidad, el 95% del abastecimiento de agua potable en el mundo está bajo la responsabilidad de entidades gubernamentales, siendo predominantemente público en cuanto a su financiación, regulación y prestación, lo que dificulta a los consorcios del agua el acceso a este sector, uno de los últimos no regidos por las leyes del libre mercado. Esto justifica las presiones de todo tipo que se realizan para conseguir su efectiva liberalización y la apertura real de estos mercados.

Por si algo no quedase claro, un representante de estas multinacionales, en un ciclo de conferencias realizadas en Londres en la primavera de 2003 (Hall 2003) recordó en su intervención: “ninguna empresa invertirá en redes de agua potable sin asegurarse del retorno, con beneficios, de los recursos dispuestos".

Del otro lado, y desde los años 90, también ha habido posicionamientos contrarios a las maniobras de los grandes capitales. En la Cumbre Mundial de la Tierra en Río de Janeiro (Agenda 21) de 1992, en la de Río + 10 de Johannesburgo en 2002, y en Kyoto en abril de 2003, ha quedo siempre patente la postura un gran sector que aboga por la no privatización de estos recursos, quedando plasmado en infinidad de foros como el de Florencia entre el 21 y 23 de abril de 2003, naciendo como alternativa el Manifiesto del Agua, que defiende al agua como una herencia vital común y global.

Según el doctor en Ciencias Biológicas Juan José Duran Valsero y la doctora en Ciencias Económicas Maya Khelladi, en los casos concretos en los que se tiene conocimiento de una evaluación del proceso privatizador, los datos son concluyentes. La doctora Maya (1999) cita dos países en los que las experiencias no han sido nada satisfactorias por motivos diferentes. En el caso de Estados Unidos, las privatizaciones han ocasionado una caída en picado de la salubridad del agua potable en muchas ciudades. Millones de norteamericanos han estado entre los años 93 y 94, consumiendo agua contaminada con plomo, pesticidas y productos clorados e incluso en otras ocasiones con la presencia masiva de coliformes fecales.

En el caso de Gran Bretaña, las privatizaciones realizadas entre 1990 y 1994, significaron un aumento inmediato del 55% del precio del agua. Las empresas realizaron importantes beneficios, pese a la multiplicación de averías en la red de suministro, que se vio fuertemente deteriorada por la falta de inversiones con una clarísima degradación general del servicio.

En el caso de España nos encontramos con ejemplos de Servicios Públicos de Aguas que son objeto de valoración muy positiva, como son: el Canal de Isabel II, la Empresa Municipal de Aguas de Sevilla, la de Palma de Mallorca, la de Córdoba, Málaga o la Empresa Municipal del Gran Bilbao. Mientras que por otro lado ha habido verdaderos conflictos en los intentos de privatización de Zaragoza, Huesca o Toledo.

La evaluación de los resultados del trasvase de los proyectos públicos hacia lo privado no han dado los resultados esperados habiendo sido claramente negativos en todo el mundo. Si a los dos países citados anteriormente, añadimos la mayoría de los países de América Latina o del cono sur como Sudáfrica, o las ciudades Españolas en las que se ha privatizado, nos encontramos que, encima de las deficiencias en el servicio, la calidad del agua y el aumento espectacular de los precios, las metas como la lucha contra la pobreza o el suministro a los sectores de población mas desfavorecidos no se alcanzaron en ningún caso, saliendo el erario público mucho mas perjudicado con un claro debilitamiento de los controles públicos sobre el agua.

En la actualidad el sector del Agua en España factura alrededor de 3.232 Hectómetros cúbicos al año con un importe aproximado de 2.700 millones de euros. Es el deseo de captar este negocio es la causa del actual desenfreno y la presión que esta ejerciendo el sector privado.

Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es la repercusión que tendrá la implantación de la Directiva Marco del Agua, donde se establece: "en el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, estarán incluidos los costes medioambientales" lo que supone que cuando este precepto se aplique, la tarifa del agua deberá reflejar todos los costes derivados del servicio, siendo el momento idóneo para poder incrementar las tarifas por ley, eliminándose cualquier tipo de subvención procedente de entidades públicas. Existe una presión importante dentro de la Comisión Europea para que dicho precepto se aplique en breve plazo y en su acepción mas radical.

Pero, ¿dónde está el verdadero problema? El caso de las privatizaciones nos está llevando a tener que aclarar verdaderamente si queremos o no hacer el cambio ético y responsable que la sociedad, o mejor dicho, que la humanidad nos reclama.

¿Queremos hacer una gestión auténtica del agua como recurso vital? ¿Nos atrevemos a solucionar el problema de la degradación y contaminación de los acuíferos?

El problema está en cómo la gestionamos, si prima la conciencia y la honestidad o lo que prima es el enriquecimiento personal o la conveniencia de un colectivo, partido político o sector social. Este es el desafió al que nos tenemos que enfrentar.

La apropiación de todo o parte del ciclo del agua, introduce importantes distorsiones y numerosos interrogantes relacionados con la gestión sostenible del agua en el futuro.

Con la privatización del agua tenemos un problema adicional más que una solución, al continuar sin abordar los grandes problemas de las políticas públicas. Lo que sí se conseguirá será incrementar el precio del agua, la pérdida del control público, y se incidirá negativamente en las rentas mas bajas, perdiendo la participación directa o indirecta de los ciudadanos en un sector tan clave como el abastecimiento urbano, no garantizándose, en absoluto, una gestión sostenible del recurso, al entrar en clara contradicción, la lógica económica de los beneficios empresariales, con la conservación de las funciones socio ambientales que realiza el agua, como bien público.

¿Estamos capacitados para asumir el reto? ¿Estamos informados de los cambios que se nos avecinan debido al cambio climático?, y... ¿hacia dónde nos encaminamos con la degradación del ecosistema de este planeta? ¿Estamos a tiempo de corregirlos?

Dejo la respuesta en las palabras de una conferencia impartida por Federico Aguilera Klink (Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna): "La única opción para salir de esta situación consiste en la difusión de información de calidad, y en la realización de un debate público abierto y en igualdad de condiciones entre defensores y opositores a proyectos y decisiones controvertidas, es decir, en la consolidación de la participación ciudadana que no sea un mero trámite. Pero incluso esto, hay que ganarlo, puesto que no va a ser concedido por esas instituciones “ficticias”. Por eso es necesario reconocer que estamos en democracias incompletas o inacabadas a las que se le plantea la necesidad de su regeneración. Ese es el reto, el paso de una democracia que reconoce la necesidad de su regeneración, a una democracia de elevada confianza, con el compromiso de ciudadanos activos e informados, manteniendo una relación madura de adulto a adulto con los expertos y los políticos honestos".

No se puede abordar la privatización de EMMASA a finales de julio, con prisas, sin informar a la ciudadanía de una decisión que hipoteca un bien para un futuro, con lagunas que pueden ser estudiadas como actos de ilegalidad, no es ético, no es de conciencia, probablemente se podrán encontrar los recursos financieros necesarios de otra manera. Es necesario que los gobernantes municipales den ejemplo de una democracia de elevada confianza y la forma de proceder hasta este momento no camina bien, haciendo referencia a una expresión canaria, “no nos gusta el caminar de la perrita”.
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